El pasado 25 de julio de 2025 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2025, una norma que introduce importantes cambios en el seguro obligatorio de automóviles en España. Se trata de una modificación profunda de la legislación vigente que nos afecta a todos: conductores, usuarios de vehículos de movilidad personal y, en general, cualquier persona que pueda verse involucrada en un accidente de tráfico, ya sea como víctima o responsable.

¿Por qué una nueva ley de seguros?

Esta ley responde principalmente a la necesidad de adaptar nuestra normativa a Europa y mejorar la protección de las personas involucradas en accidentes. En concreto, transpone la Directiva (UE) 2021/2118, que actualiza las reglas del seguro de responsabilidad civil derivado de la circulación de vehículos a motor. Además, recoge recomendaciones de expertos españoles para perfeccionar el sistema de indemnizaciones a víctimas de accidentes (el conocido Baremo) sin alterar sus principios, pero incorporando mejoras para proteger mejor a los perjudicados.

También refuerza la seguridad jurídica en el manejo de datos personales en el sector asegurador creando un nuevo título legal dedicado a protección de datos. Por otro lado, la ley aprovecha la habilitación que da la directiva europea para extender la obligación de aseguramiento a vehículos que antes no lo requerían, en especial los vehículos personales ligeros (VPL) como patinetes eléctricos y ciertas bicicletas eléctricas. Finalmente, introduce requisitos para las compañías de seguros, fortaleciendo la supervisión sobre quienes las dirigen e implementando planes preventivos para garantizar su solvencia. En resumen, el objetivo declarado de la Ley 5/2025 es doble: mejorar la seguridad vial y asegurar una cobertura efectiva a las víctimas de accidentes, adaptando España a los nuevos tiempos y formas de movilidad.

Principales cambios y nuevas obligaciones

La DGT (Dirección General de Tráfico) ha difundido material informativo sobre las nuevas normas de circulación de patinetes, que incluyen la obligación de seguro, certificado de circulación y diversos elementos de seguridad. Estas medidas forman parte de la estrategia para mejorar la seguridad vial frente al auge de los vehículos de movilidad personal. En general, la Ley 5/2025 trae varias novedades normativas que todos debemos conocer para cumplirla adecuadamente. A continuación, destacamos los cambios y obligaciones más importantes:

  • Seguro obligatorio para patinetes eléctricos y VMP: Es quizás el cambio más visible para el público general. A partir de enero de 2026, todo vehículo de movilidad personal (VMP) (como patinetes eléctricos, monociclos, segways, etc.) deberá tener un seguro de responsabilidad civil obligatorio para poder circular. Esto incluye también a ciertas bicicletas eléctricas que superen la definición de “pedelec” (más de 250 W de potencia o asistencia más allá de 25 km/h), las cuales pasarán a ser consideradas VPL y requerirán seguro, matrícula e incluso ITV periódica. Se estima que en España hay unos 5 millones de patinetes eléctricos en circulación, por lo que la medida tendrá un alcance masivo en todo el territorio nacional, unificando criterios ya que hasta ahora solo algunos ayuntamientos exigían seguros a estos vehículos. Durante un periodo transitorio de 6 meses (hasta enero de 2026), el Consorcio de Compensación de Seguros cubrirá los siniestros que involucren VMP sin asegurar, aunque luego podrá reclamar los costes al propietario si hubo negligencia. Además, para contratar estas pólizas, los VMP deberán inscribirse en el Registro de Vehículos de la DGT y obtener un certificado de circulación con una etiqueta identificativa (similar a una matrícula) antes de la fecha límite. La cobertura mínima de estos seguros será equiparable a la de un turismo, hasta 6,45 millones de euros por daños personales y 1,3 millones por daños materiales a terceros. Las pólizas no cubrirán al propio conductor (al igual que ocurre con los coches), solo a las víctimas. Incumplir esta obligación conllevará multas importantes (de 200 a 1.000 euros según la gravedad) y la responsabilidad civil personal por los daños ocasionados si se carece de seguro.
  • Definición más amplia de “vehículo a motor” y “hecho de la circulación”: La ley modifica estos conceptos legales para ampliar los supuestos cubiertos por el seguro obligatorio, otorgando mayor protección a las víctimas de accidentes. En adelante, prácticamente cualquier uso de un vehículo a motor como medio de transporte entra en la categoría de hecho de la circulación, independientemente del tipo de terreno (vía pública o privada) e incluso si el vehículo está detenido o en movimiento en el momento del incidente. Se excluyen, eso sí, los casos de uso deliberado del vehículo para causar daños (actos intencionados), aunque incluso en esos casos extremos el Consorcio de Seguros mantiene la obligación de indemnizar a las víctimas en ciertos supuestos. Con esta ampliación, situaciones que antes podían quedar fuera de cobertura (por ejemplo, un accidente en una finca privada o con un vehículo estacionado) ahora estarán protegidas por el seguro obligatorio.
  • Controles a vehículos extranjeros: Hasta ahora, verificar si un vehículo con matrícula extranjera tiene seguro en regla era complicado. La nueva ley permite que se realicen controles de seguro a vehículos de otros países de la UE que circulen en España. Estos controles no serán sistemáticos en frontera (no puede pararse a un vehículo solo para pedir el seguro), pero sí se integrarán en controles generales dentro del territorio. Deben ser no discriminatorios, necesarios y proporcionados, conforme a lo que marca la directiva europea. El objetivo es garantizar que, igual que los españoles deben llevar seguro, los vehículos de fuera que circulan por aquí también lo tengan, aumentando la seguridad para todos.
  • No discriminación por nacionalidad en pólizas: Otra novedad importante es que las aseguradoras no podrán discriminar por razón de la nacionalidad o país de residencia previa del tomador de la póliza a la hora de fijar primas o otorgar bonificaciones por no siniestralidad. Es decir, si usted se traslada a España desde otro país europeo, su historial de siniestros debe ser reconocido y no se le puede penalizar o negar descuentos por el mero hecho de proceder del extranjero. Esto armoniza el mercado de seguros a nivel europeo y evita sobrecostes injustificados a los ciudadanos expatriados.
  • Cobertura garantizada si la aseguradora quiebra: La ley refuerza la protección al perjudicado en casos extremos. Si usted sufre un accidente y resulta que la compañía de seguros del vehículo culpable es insolvente o entra en quiebra, habrá igualmente garantía de indemnización. En concreto, se amplía la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros para cubrir también cuando la aseguradora responsable (española o de otro país del Espacio Económico Europeo) sea insolvente. Esto aplica tanto a accidentes ocurridos en España como en otro estado miembro, siempre que la víctima resida en España. De este modo, se cierra una laguna que podía dejar desprotegidas a las víctimas en casos de insolvencia transfronteriza.
  • Otras obligaciones y ajustes: En el ámbito de las aseguradoras, la Ley 5/2025 introduce requisitos sobre la idoneidad y honorabilidad de los directivos de las compañías de seguros, y exige la implementación de planes preventivos de recuperación financiera en dichas entidades. Aunque estos aspectos son internos al sector, en última instancia buscan asegurar que las aseguradoras sean sólidas y estén bien gestionadas, lo cual redunda en más confianza para los asegurados.

Beneficios esperados para los asegurados y víctimas

La reforma legal no sólo impone obligaciones, también trae mejoras en las coberturas y procesos que benefician a los ciudadanos, especialmente a quienes sufren accidentes:

  • Indemnizaciones actualizadas y más justas: A partir de ahora, las cuantías de indemnización por lesiones en accidentes de tráfico se actualizarán cada año según el IPC (inflación), en lugar de usar el índice de revalorización de las pensiones como antes. Esto asegurará que las compensaciones no se queden desfasadas y mantengan su poder adquisitivo. Además, se han introducido mejoras en el Baremo se clarifican conceptos indemnizatorios y se incrementan importes en varios supuestos, aumentando la protección de los derechos de los lesionados. Por ejemplo, se amplía la horquilla de indemnización por daños morales en caso de perjuicio estético grave, se reconoce el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida incluso para secuelas leves (si se demuestra) y se tiene en cuenta el impacto en la vida sexual del cónyuge o pareja del lesionado grave. También se mejora la valoración del trabajo no remunerado en el hogar, si una víctima se dedicaba a las tareas del hogar, su lucro cesante (pérdida económica) se calculará con bases más altas, reconociendo mejor ese trabajo. En caso de fallecimiento, se amplían las coberturas para familiares, por ejemplo doblando de 6 a 12 meses el período cubierto de asistencia médica y psicológica para los familiares de grandes lesionados o fallecidos, y aumentando indemnizaciones en situaciones especiales (fallecimiento simultáneo de ambos padres, pérdida de un feto avanzado, etc.). Todas estas mejoras suponen que, en caso de accidente, la compensación económica tenderá a ser más adecuada a la realidad del daño sufrido.
  • Facilidades para reclamar y cobrar indemnizaciones: La nueva norma fomenta la resolución ágil y amistosa de los siniestros. Se establece expresamente que la reclamación previa extrajudicial al seguro (paso obligatorio antes de ir a juicio) no tiene que incluir una cuantía exacta desde el inicio, eliminando trabas formales. Asimismo, si se inicia un proceso penal derivado del accidente, eso ya contará como reclamación a efectos del seguro, simplificando procedimientos. Las compañías aseguradoras dispondrán de un plazo máximo de 3 meses para responder con una oferta o respuesta motivada tanto en caso de daños personales como materiales, lo que da certidumbre de tiempos a los afectados. Además, los informes periciales médicos de las aseguradoras deberán ser compartidos con el lesionado y, si la víctima lo solicita, se podrá acudir a un médico forense independiente incluso en fase amistosa. Todo esto busca equilibrar la balanza entre aseguradora y afectado, y propiciar acuerdos antes de llegar a los tribunales (MASC o métodos alternativos de solución de conflictos). Cabe destacar que la obtención del atestado policial será gratuita para el perjudicado, eliminando costes en la documentación del siniestro.
  • Libertad de elección médica: Una novedad importante para los lesionados es que las aseguradoras estarán obligadas a garantizar la libre elección de centro médico por parte del accidentado. Si la víctima decide tratarse en un centro de su confianza (aunque no tenga concierto con la aseguradora), la compañía deberá reembolsarle los gastos razonables y justificados médicamente. Eso sí, se matiza que para reembolsar esos gastos, primero han de haberse abonado (no vale presentar presupuestos, sino facturas pagadas). En la práctica, esto refuerza el derecho del paciente a decidir sobre su salud sin verse limitado por el cuadro médico de la aseguradora, siempre que los costes sean adecuados.
  • Exenciones fiscales para indemnizaciones: En línea con apoyar al perjudicado, la Ley 5/2025 establece que todas las indemnizaciones por daños personales pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros estarán exentas de IRPF (Impuesto sobre la Renta). Recordemos que el Consorcio interviene, por ejemplo, cuando el vehículo causante no está asegurado, se da a la fuga o en casos de fuerza mayor. Gracias a esta exención, si usted recibe una compensación del Consorcio, no tendrá que tributar por ese ingreso, pudiendo destinar el 100% a resarcir sus pérdidas. Es una medida de justicia económica que evita penalizar a la víctima vía impuestos.

Impacto económico: un nuevo gasto, pero protección añadida

Como toda reforma, esta ley tiene implicaciones económicas para distintos actores:

  • Para los usuarios de VMP y ebikes: La introducción del seguro obligatorio supone un gasto añadido en el presupuesto de quienes usan patinetes eléctricos u otros VMP para sus desplazamientos. Afortunadamente, el coste estimado de estas pólizas es relativamente asequible, en torno a 20 a 50 euros al año según las coberturas. Algunas aseguradoras ya preparan seguros específicos para VMP que, además de la responsabilidad civil básica, pueden incluir extras como robo o daños propios, lo cual podría atraer a los usuarios que deseen mayor protección. En cualquier caso, aunque suponga un pago anual más, este seguro evitará que el propietario tenga que hacer frente de su bolsillo a indemnizaciones millonarias en caso de causar un accidente grave, lo que a largo plazo protege su economía personal.
  • Para los automovilistas en general: Las mejoras en coberturas (p.ej., límites más altos, ajuste por inflación) y la mayor protección a víctimas podrían implicar una ligera subida de las primas de seguro de coche o moto con el tiempo, ya que las aseguradoras ajustan sus tarifas para cubrir el incremento potencial de indemnizaciones. Sin embargo, al estar estas medidas orientadas por una directiva europea, todos los países miembros asumirán condiciones similares, y se espera que las primas se mantengan competitivas. A cambio de ese posible ligero aumento, los conductores también ganan la tranquilidad de saber que, si sufren un accidente con un vehículo extranjero o con una aseguradora que quiebra, estarán igualmente cubiertos. Es un trade-off entre un coste marginal y una seguridad jurídica mayor.
  • Impacto macroeconómico: Obligar a asegurar millones de nuevos vehículos (los VMP) significa que el sector asegurador verá crecer su mercado, con millones de pólizas adicionales en los próximos años. Esto representa ingresos extra para las compañías, pero también la responsabilidad de gestionar correctamente ese riesgo emergente. Desde la perspectiva del país, el gasto agregado de los ciudadanos en seguros aumentará, pero con el beneficio social de reducir costes sanitarios o judiciales asociados a accidentes no cubiertos. También, al no poder discriminar por nacionalidad, se facilita la movilidad de trabajadores extranjeros en España sin penalizaciones en sus seguros, lo que puede favorecer cierto dinamismo económico. En suma, la ley conlleva costes directos (primas, posibles subidas moderadas) que repercuten en la economía familiar, pero esos costes están diseñados para redundar en un sistema más solidario donde los daños los cubre el seguro y no las personas individualmente.

¿Cuándo entra en vigor cada cambio?

La entrada en vigor de la Ley 5/2025 es escalonada. La mayor parte de sus disposiciones empezaron a regir al día siguiente de su publicación, es decir, el 26 de julio de 2025. Desde entonces ya son de aplicación las nuevas definiciones legales, la prohibición de discriminar por nacionalidad, las mejoras en el sistema de indemnizaciones para accidentes ocurridos desde esa fecha, etc. No obstante, ciertos apartados tienen un calendario especial:

  • El seguro obligatorio para vehículos personales ligeros (VMP) cuenta con el mencionado período de adaptación, su exigencia será efectiva a partir del 2 de enero de 2026. Hasta esa fecha, aunque la ley esté vigente, las autoridades no multarán por falta de seguro en patinetes. En caso de accidente, intervendrá transitoriamente el Consorcio de Seguros como explicamos antes. Se espera que en estos meses finales de 2025 se ponga a punto el registro de VMP en la DGT y se informe a los usuarios para que contraten sus pólizas a tiempo.
  • La actualización por IPC de las indemnizaciones entrará en efecto el 1 de enero de 2026 de cara a las revisiones anuales. Es decir, la primera revalorización con el índice de precios se aplicará sobre las indemnizaciones de 2026 en adelante.
  • Las modificaciones al sistema de valoración de daños (Baremo), como las nuevas tablas y criterios, se aplican ya a cualquier accidente de tráfico ocurrido desde el 26 de julio de 2025 en adelante. Un accidente sucedido, por ejemplo, en agosto de 2025, ya se indemnizará con las reglas nuevas.
  • En cuanto a la certificación de antecedentes de siniestros (el documento que acredita nuestro historial siniestral para cambiar de aseguradora sin perder bonificaciones), la ley indica que las nuevas normas serán aplicables desde el 26 de julio de 2025, aunque podrían retrasarse si a nivel europeo se dicta un reglamento específico que entre más tarde. Este es un detalle técnico, pero básicamente significa que en pocos meses debería estandarizarse un modelo común de historial de siniestros válido en toda la UE.

En resumen, desde mediados de 2025 la ley está vigente, pero su cambio más palpable para muchos (el seguro de patinete) tiene una moratoria hasta comienzos de 2026. Conviene no dormirse en los laureles, si usted es usuario de VMP, vaya preparando su documentación y buscando seguro para estar listo cuando llegue el momento.

En conclusión

La Ley 5/2025 supone un cambio importante en materia de seguros de automóviles en España. Sin entrar a valorar si es mejor o peor, lo cierto es que ya es una realidad legal y nos impone nuevas obligaciones a la vez que nos brinda mayores protecciones. Para el ciudadano de a pie, las claves son claras: si tiene un patinete eléctrico u otro VMP, deberá asegurarlo obligatoriamente antes de enero de 2026; si conduce un coche o moto, notará que el sistema de seguros evoluciona para cubrir más situaciones y mejorar las indemnizaciones en caso de accidente. Y para todos en general, peatones incluidos, esta normativa busca un entorno más seguro y justo en la movilidad cotidiana, donde cualquier víctima de un siniestro esté cubierta y los costes de los accidentes se repartan de forma solidaria a través del seguro.

En definitiva, estamos ante una ley que nos afecta a todos y cuyo cumplimiento será fundamental. Desde Perimecánic queremos difundir estas novedades para que el mayor número de personas posible esté al tanto de sus derechos y deberes bajo la nueva normativa. Recuerde que “el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”, así que infórmese, comparta esta información con quien pueda verse afectado, y ante cualquier duda consulte con profesionales. El objetivo común es lograr entre todos unas calles más seguras y una protección efectiva para quienes desafortunadamente sufran un accidente. Si te surge alguna duda contáctanos sin compromiso.